Mauricio Hernández, Director de TD, presentó su trabajo de investigación en la Conferencia Internacional de Play the Game 2025 en la ciudad de Tampere, Finlandia. Dicha presentación se desarrolló en la sesión titulada «De lo ignorado al control: fallas de gobernanza en el deporte global». En la misma, evidenció cuáles fueron los elementos que posibilitaron el fracaso de los Juegos Panamericanos de 2027 que iban a desarrollarse en Barranquilla. Aquí, la ponencia completa.
Esta es la historia de cómo Barranquilla, una ciudad colombiana en la costa atlántica, perdió 2 millones 250 mil dólares estadounidenses ante Panam Sports —dinero destinado a asegurar los Juegos Panamericanos de 2027. La financiación para descubrir esta historia fue otorgada por Play the Game a fines de 2024, y la investigación se publicó este año en su sitio web. No es solo una historia sobre dinero perdido: es una historia sobre exclusión, improvisación y opacidad.
Mi nombre es Mauricio Hernández, y trabajamos en esto junto a Federico Teijeiro. Durante años me he dedicado al campo de la gobernanza deportiva a través de una plataforma llamada Transparencia en el Deporte. Desde cero: sin patrocinadores, sin contratos, sin sportswashing. Solo pasión. Pasión por investigar temas relevantes, combinando periodismo e investigación académica.
Cuando investigamos y escribimos sobre cómo Colombia perdió los Juegos Panamericanos 2027, comprendimos que no era solo una historia colombiana. Era un patrón común en los megaeventos deportivos: los costos se socializan, mientras que los beneficios se privatizan entre organizaciones deportivas y contratistas privados.
Y aquí está la idea central que quiero compartir hoy:
Políticos y dirigentes deportivos usaron los Juegos Panamericanos para distraer al público del descontento nacional y asegurar contratos bajo el Comité Organizador. Comprometieron 500 millones de dólares, el costo estimado del evento. Nada de eso fue posible. Dos presidentes y cuatro ministros del Deporte no lograron concretar los Juegos.
La promesa
En abril de 2021, Barranquilla fue elegida —por unanimidad— sede de los Juegos Panamericanos 2027. No hubo candidaturas rivales. No hubo competencia. Cuatro meses después, se firmó el contrato de ciudad sede en una gran ceremonia con autoridades de Panam Sports, líderes gubernamentales y medios de comunicación. Una persona estuvo detrás de la candidatura: Alejandro Char, quien había hecho lobby para asegurarla.
Las grietas
El expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, se negó a firmar ese contrato. Calificó los 500 millones de dólares como un costo “exorbitante”. En ese momento, Colombia atravesaba masivas protestas contra el gobierno, y tanto el entonces presidente como la ministra del Deporte pensaron que organizar un megaevento podría ser una buena idea.
Colombia pasó de un presidente de derecha a uno de izquierda, y el expresidente Duque creó un Comité Organizador apenas cuatro días antes de dejar el cargo. Fue un movimiento para controlar el Comité, pero era solo una cáscara: sin director, sin estructura, apenas un decreto sin contenido.
Mientras tanto, las obligaciones contractuales fueron ignoradas. Panam Sports pidió tres cosas:
- Establecer un Comité Organizador.
- Presentar un cronograma y un presupuesto.
- Asegurar una garantía de 50 millones de dólares para proteger su marca.
Nada de eso se cumplió.
El gobierno cambió, y también sus ministros. La ex campeona olímpica María Isabel Urrutia tuvo que liderar los Juegos. Nunca convocó al comité. Nombró a un gerente de manera informal, sin mandato. Luego fue destituida por sospechas de maniobras políticas, no relacionadas con los Juegos.
A mediados de 2023, Colombia ya debía 8 millones de dólares a Panam Sports. Llegaron ultimátums. Pasaron los plazos. El gobierno improvisó, reduciendo el presupuesto de 500 a 360 millones y prometiendo distribuir las sedes en distintas ciudades del Caribe. Pero eso solo generó más confusión, más actores, más disputas por el control.
El colapso
A mediados de 2023, Colombia debía 8 millones de dólares. En diciembre de 2023, no pagó 4 millones según lo acordado. El 3 de enero de 2024, Panam Sports revocó la sede de los Juegos.
El alcalde de Barranquilla pagó 2,25 millones de dólares para presionar al gobierno nacional a cumplir sus compromisos. Creemos que el presidente Petro nunca estuvo de acuerdo con organizar los Juegos, por lo que no impulsó esos pagos. Recordemos que la candidatura había sido ganada por otro sector político.
En octubre de 2024, Barranquilla presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para recuperar ese dinero. Pero el contrato favorecía a Panam Sports: los pagos se consideraban suyos, a menos que Colombia probara que Panam era responsable.
Mientras tanto, la transparencia desapareció. Se negaron solicitudes de acceso a registros financieros. Los documentos —comprobantes, correspondencia, contratos— siguen ocultos.
En marzo de 2024, Lima, Perú, fue oficialmente designada como nueva sede de los Juegos. En Colombia, la culpa se pasó como una pelota: del gobierno de Duque, al de Petro, al Comité Olímpico, a la alcaldía de Barranquilla.
Conclusión
Permítanme dar tres ejemplos que revelan lo que realmente ocurrió.
Primero: exclusión. El Comité Olímpico Colombiano fue marginado del proceso. Su presidente, Baltazar Medina, advirtió que firmar ese contrato era una mala idea.
Segundo: improvisación. El Comité Organizador se creó solo tres días antes del cambio de gobierno. Sin miembros, sin director, sin estructura real. Un decreto sin contenido.
Tercero: opacidad. Solicitamos los registros del pago hecho por Barranquilla, y no existen comprobantes. Incluso se negaron los registros de viajes y comunicaciones oficiales.
Exclusión.
Improvisación.
Opacidad.
No fueron errores aislados. Fueron el sistema. Y así se perdieron los Juegos.
Los referendos para decidir sedes de megaeventos deportivos no son populares, ni en Europa ni en América Latina. Pero ¿qué habría pasado si la ciudadanía hubiera sido consultada antes de comprometerse a organizar los Juegos? La pelea por el control del Comité Organizador y la transición de poder dejaron al descubierto cuán ineficiente puede ser el sistema deportivo.
Colombia perdió los Juegos por incumplir el contrato, pero lo que vimos detrás fue una lucha de poder —entre gobiernos nacionales y locales, movidos por sus propios intereses.
Y aquí está la lección.
Los grandes eventos, como los Juegos Panamericanos, siempre se venden con relatos de orgullo nacional y legado. Pero detrás de esas palabras, la realidad es otra: se celebra la autonomía deportiva sin rendición de cuentas. En este caso, los Juegos fueron capturados por clanes, dirigentes deportivos y políticos.
Nosotros —como periodistas, académicos y activistas— tenemos el deber de actuar. No de forma individual, sino construyendo coaliciones que generen conciencia y difundan información clave de nuevas maneras, en nuevos formatos, para evitar que historias como esta vuelvan a repetirse.
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