A 5 años de la Ley 2023 de 2020, 619 municipios han recaudado más de $600 mil millones para el deporte y la recreación. Sin embargo, persisten fallas en el giro de recursos, uso indebido de fondos y baja fiscalización. Urge estandarizar tarifas, profesionalizar la gestión y fortalecer el control ciudadano.
- Apoyar programas de deporte, recreación y educación física para personas de todas las edades, incluyendo población en situación de discapacidad.
- Impulsar la identificación y la selección de talentos deportivos (incluyendo deporte para personas en situación de discapacidad).
- Financiar atletas de alto nivel competitivo y con proyección al mismo.
- Adquirir implementos deportivos.
- Mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva.
- Financiar la participación de atletas y Paraatletas en competencias nacionales e internacionales.
- Promover hábitos de vida saludable.
Por otro lado, establece una destinación obligatoria de hasta 20% de los recursos para refrigerio y transporte para jovenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que pertenezcan a escuelas y clubes deportivos.
Si bien este recaudo ha sido clave en la financiación del deporte desde la base, y más de 200 municipios han fijado tarifas que alcanzan hasta el 2.5% del valor de ciertos contratos públicos, su implementación se ha desviado en la apertura de cuentas maestras, fallas en el giro oportuno de los recursos por parte de los agentes recaudadores, bajo control social a su implementación, y una preocupante desviación de los fondos hacia gastos no permitidos por la ley. En algunos casos, los recursos no han sido invertidos en transporte ni refrigerios para población vulnerable, incumpliendo el mandato del artículo 3 de esta ley. En este punto advertimos que el término refrigerio debería aclarar a qué tipo de refrigerio se refiere, notando que sería más adecuado referirse a un soporte nutricional enmarcado en guías de alimentación aprobadas por colegios de medicina o nutrición.
Además, la ley ha sido interpretada de manera dispar, con tarifas desiguales entre municipios e incluso con omisiones sobre la inclusión de la Tasa en los estatutos tributarios. Más del 69% de los municipios aún no han integrado formalmente la Tasa al marco fiscal local, lo cual limita su trazabilidad y reduce el control sobre su ejecución.
Frente a este panorama, es necesaria una auditoría externa, financiera y técnica. Esta auditoría debe identificar no solo los niveles de cumplimiento normativo, sino también la efectividad de las inversiones en relación con los objetivos de desarrollo local. A la par, es necesario establecer indicadores de desempeño, revisar los criterios de destinación y dotar a los actores sociales (veedurías, clubes y ligas) con herramientas de control social a lo público.
Se hace necesario también que se estandaricen las tarifas mediante una reforma legal que fije un mínimo uniforme, la obligatoriedad de vincular la Tasa al estatuto tributario y la inclusión de todos los agentes recaudadores con nombre propio en los acuerdos municipales y departamentales.
Desde TD invitamos a tomadores de decisiones para no dejar la implementación de la Tasa Prodeporte al azar. Su éxito depende de la voluntad política, pero también de la capacidad técnica instalada en cada territorio.
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