El interés de las autoridades públicas por el deporte de altos logros, el deporte escolar y el deporte para todos, ha creado la necesidad en las organizaciones deportivas de ofrecer este tipo de servicios a cambio de patrocinio público. Este fenómeno ha generado cuatro tipos de relaciones dependiendo de los objetivos y medios con los que ambos cuentan; relaciones que en ocasiones se superponen unas con otras (Najam, 2000). En el siguiente cuadro se resumen los cuatro tipos:

ObjetivosMediosEjemplo
CooperativasSimilaresSimilaresDeporte de Altos logros
ComplementariasSimilaresDiferentesDeporte para todos
CooptativasDiferentesSimilaresConstrucción de escenarios
ConfrontacionalesDiferentesDiferentesCríticas a la política
Adaptado de Najam, 2000. The Four C’s of Government-Third Sector Relations.

Las relaciones cooperativas aparecen cuando gobiernos y ONGs tienen objetivos y medios similares. Los altos logros deportivos son el mejor ejemplo de esta relación. Por otra parte, las relaciones complementarias ocurren cuando los objetivos son iguales, pero los medios diferentes, por ejemplo, cuando el gobierno quiere promover la actividad física y el deporte en las escuelas mediante campañas en los medios de comunicación, que son apoyadas por organizaciones deportivas. En tanto, las relaciones cooptativas emergen cuando los objetivos son diferentes, pero los medios son iguales, como cuando el gobierno apoya financieramente la construcción de un estadio, mientras las organizaciones deportivas suministran o proveen servicios con propósitos mucho más discretos. Por último, hablamos de relaciones confrontacionales cuando los objetivos y los medios son diferentes. Por ejemplo, cuando las organizaciones deportivas solicitan más recursos para el deporte o critican duramente las políticas deportivas del gobierno.

Ambiente regulatorio

Los gobiernos intentan «darle forma» a la política deportiva mediante ejercicios regulatorios. Al respecto, existen cuatro fuentes de regulación mediante las cuales el gobierno puede ejercer su poder sobre las organizaciones deportivas:

  • Leyes y reglas establecidas por el gobierno, apoyadas por monitoreo y cumplimiento.
  • Interpretación de estatutos y leyes por parte de los jueces.
  • Recomendaciones mediante códigos de gobernanza o guías desarrolladas por ministerios del deporte y otras agencias encargadas del deporte (en países donde el sector está más desarrollado.
  • Estándares para la rendición de cuentas y auditorías.

En países del Norte Global donde el sector de las ONGs está más desarrollado y la gestión de estas organizaciones es más profesional, los dirigentes voluntarios reciben más presiones para mostrar una gestión más transparente de su actividad, en este caso, el deporte. Sumado a esto, las responsabilidades de los administradores pasan por tres deberes principales: primero, actuar razonablemente, prudentemente y de buena fe, velando por el mejor interés de la organización y sus miembros; segundo, ser leales con la organización y no utilizar su posición para ganar beneficios personales o materiales; tercero, la obediencia, que significa actuar en el marco de las políticas internas, sin salirse de las reglas y regulaciones que aplican a toda la organización.

Un administrador que no cumpla con alguna de estas responsabilidades puede verse expuesto a romper los estatutos o la ley, incumplir un contrato, ocasionar un agravio por acción o falla en el acto, intencional o no intencional, que cause daños a otra persona o cometer actos indebidos, los cuales pueden ser errores u omisiones, acciones o decisiones que dañen a otros interfiriendo sus derechos, oportunidades o privilegios.

En resumen, el ambiente regulatorio y la variedad de fuentes de las cuales emana la gobernanza deportiva representan múltiples desafíos para las organizaciones deportivas, independientemente de su capacidad organizacional.

En América Latina hay avances en la gestión de organizaciones deportivas, sin embargo, no es todavía suficiente. Algunos atletas y dirigentes políticos exigen mejores estándares de gestión, apertura por parte de comités ejecutivos, transparencia en la gestión de recursos públicos, y participación en la toma de decisiones.

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