El doble propósito de la política pública del deporte en Colombia

Los académicos y activistas del sector tenemos varias oportunidades en este momento coyuntural para el país. La primera; es visibilizarnos como actores clave en la evaluación y re-formulación de la política pública, ahora que se termina el período del Plan Decenal. Segunda, participar de la discusión pública sobre los anunciados recortes al sector, a pesar de su inconstitucionalidad. Y tercera, exigir a Coldeportes una evaluación participativa, descentralizada y concertada. 

Una política pública es una aspiración, pero también es acción. En Colombia el deporte -en su amplio significado- es política pública. Citando a Roberto Ortegón, la política pública del deporte en Colombia constitucionalmente se denomina “del deporte y la recreación”. Es necesario aclarar esto, ya que puede entenderse que la política pública del deporte excluye la recreación, la educación física y la  actividad física, y no es así; en la política pública del deporte se incluyen estos conceptos y subsectores.

Desde que el acceso al deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas se convirtieron en gasto público social en el año 2000, es deber del Estado fomentar, inspeccionar y vigilar las organizaciones deportivas y recreativas, cuya estructura deberán ser democráticas*. 

La política pública se materializa a través de instrumentos de planeación territoriales (departamentos y municipios) y sectoriales (deporte, educación, salud, etc) que se desprenden de un Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez, tiene una vigencia de cuatro años.

En Colombia se formuló el Plan Decenal del Deporte 2009-2019 (Aprobado por la Ley 1450 de 2011) en el que estableció un doble propósito para esa política pública. Me referiré a estos dos propósitos como elementos centrales de la discusión. El primero, hacer de Colombia una potencia deportiva regional, evidenciado mediante el éxito deportivo en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales; y el segundo, hacer del deporte un vehículo de cohesión social. Coldeportes se vale del Sistema Nacional del Deporte para lograrlos, en ese orden de ideas, es claro el liderazgo -monopolio- del Comité Olímpico (COC) y Paralímpico Colombiano (CPC) en el primer propósito; y en el segundo no tanto, porque no se sabe quién, ni cómo se orienta el ‘deporte como vehículo de cohesión social’ en el país. 

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Esta doble orientación beneficia las estructuras del deporte asociado para el primer propósito, y evidencia la falta de liderazgo en el segundo. Primero, porque el COC y el CPC gozan del monopolio del deporte de élite en el país, y los recursos públicos para convertir a Colombia en “potencia deportiva continental” han sido enormes. Los resultados son tangibles, verificables y mediáticos. Es fácil demostrar el éxito deportivo de Colombia en estos eventos desde el año 2000. El deporte asociado goza de una estructura, reconocimiento y aprobación social que justifica los gastos en el deporte de élite, nadie cuestiona este fenómeno. Esto ocurre en todos los países del mundo, a excepción de los Estados Unidos donde no existe un ministerio del deporte, ni nada que se le parezca.

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Por otro lado, al propósito de “hacer del deporte un vehículo de cohesión social”; no es claro quién lo hace, ni cómo lo hace; lo único claro es que este propósito pertenece al dominio del deporte social comunitario. Este sector tiene grandes desafíos entre otros. Primero; que no cuenta con una estructura como la del deporte asociado, clubes, ligas y federaciones tienen en su objeto la promoción de programas de interés público y social, pero su enfoque, interés y recursos, han estado tradicionalmente ligados al deporte competitivo. Segundo, los resultados del deporte social comunitario se miden en participación, calidad de vida, acceso, educación, socialización y re-socialización, siendo más difíciles de documentar. Este tipo de indicadores no cuentan con el cubrimiento mediático, ni la propaganda nacionalista del deporte de élite.

La contratación es otro asunto crítico en la ejecución de la política pública. En el primer propósito, el COC y el CPC operan miles de millones de pesos -sin competidores en el mercado- buscando el éxito deportivo continental. Mientras tanto, la contratación de los proyectos de deporte social comunitario, han estado sujetos a las preferencias políticas y territoriales de los directores de Coldeportes. Cada año o cada dos, aparece una ONG encargada del tema. En el 2017, Coldeportes contrató con la Corporación para la recreación popular de Cali tres multimillonarios convenios. Uno por $3.880.730.000 para el fortalecimiento de las reservas deportivas del país; otro para el desarrollo de herramientas de cooperación internacional por $756.525.000; y otro para la promoción de la actividad física, el deporte social comunitario y la recreación en municipios y departamentos del país por $4.835.135.761. Nada mal para una organización no gubernamental sin ánimo de lucro.

Los académicos y activistas del sector tenemos varias oportunidades en el momento coyuntural del país. Debemos es visibilizarnos como actores clave en la evaluación y re-formulación de la política pública, ahora que se termina el período del Plan Decenal. Participar de la discusión pública sobre los anunciados recortes al sector, que a pesar de su inconstitucionalidad, parecen irreversibles; y por último, exigir a Coldeportes -citando a Ortegón nuevamente- una evaluación  participativa, descentralizada y concertada.

*Quedan pendientes para otra entrada la efectividad del Estado, y la democracia en las organizaciones deportivas y recreativas.