Dime con quién andas (el papel de la empresa privada en el patrocinio deportivo)*

*Entrada en Colaboración con Dieztra. Asesorías Jurídicas.

¿Cuál es la respuesta de la empresa privada a la sanción de la SIC contra la FCF?

A pesar de la sanción, el gobierno patrocina a la Federación, no solo con el contrato de la Copa América, el apoyo a la candidatura del Mundial Femenino, y con 1.400 millones para la liga femenina. El silencio de la empresa privada y tres escenarios de solución.

Bogotá, 6 de Julio de 2020. La Supertintendencia de Industria y Comercio (SIC) sanciona a diecisiete (17) personas naturales y tres (3) jurídicas por haber ejecutado lo que ellos llaman conducta anticompetitiva[1]. Esto en la práctica significa que la Federación Colombiana de Fútbol FCF y las empresas Ticket ya y Ticket shop crearon un cartel para revender las boletas en los partidos de la eliminatoria. El monto de la sanción equivale a 18 mil millones de pesos.

Treinta minutos más tarde, la Federación hace cinco anuncios importantes en comunicado de prensa: primero, que desconocen la decisión porque no han sido notificados; segundo, se acusa a la SIC de llevar el proceso de manera irregular; tercero, alegan ausencia de pruebas, cuarto; cuestionan la capacidad de la SIC de tomar decisiones imparciales por el alto número de fallos revocados, y finalmente; la federación anuncia que acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para desvirtuar una sanción en firme, cuyo paso previo es cancelar la multa como requisito para tramitar el medio de control.

Ese mismo día, la Federación publica en su sitio web su política anticorrupción. Allí definen casi todas las conductas de las que se les acusa.

La respuesta del gobierno: Patrocinar.

Bogotá, 8 de Julio de 2020. El Ministerio del Deporte anuncia que destinará 1.400 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina en 2020. Sí, en el 2020, en medio de la pandemia y con el fútbol profesional paralizado. Ese mismo día, la Dimayor, otra organización subordinada de la Federación, se llevaba el crédito y anuncia como propios los 1.400 millones bajo el hashtag #DimayorCuentasClaras; todo en dos días.

La respuesta de la empresa privada: Silencio. 

Una empresa -cuyas decisiones son tomadas por personas- decide patrocinar un deporte, una causa, o una ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) porque ha determinado que comparten valores y decide ubicar su marca -y todo lo que ello representa- en la plataforma del patrocinado; que en este caso es la Selección Colombia de Fútbol, a través la Federación.

En esta ocasión, el patrocinado (la FCF) ha desviado su conducta según la SIC, con prácticas que afectan negativamente a los patrocinadores. Recordemos que el investigador logra demostrar un esquema de cartelización del que hace parte la FCF, con un expediente de más de mil (1000) folios que dan sustento probatorio a la sanción. Volvamos a la sanción por 18 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrá ese dinero?

Estas empresas -los patrocinadores- cuentan con programas de Compliance, entendido este como el sistema de normas internas para proteger la reputación corporativa en el desarrollo de su objeto comercial. El asunto se ha salido de control para los patrocinadores, porque parte de los dineros depositados a título de patrocinio a la Federación, no estarían cumpliendo con el objeto contractual; al contrario, estarían afectando negativamente la imagen corporativa de los patrocinadores.

La ley 599 del 2000, establece que administración desleal es cuando: “El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de está causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Esta conducta también es descrita en la política anticorrupción de la FCF.

Los dirigentes de la FCF deberían renunciar, pero estamos en Colombia, aquí nadie renuncia. Mindeporte tiene facultades de Inspección, Vigilancia y Control; quienes podrán “solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal” (Decreto 1228, art. 39.5). En este caso aplican el pliego de cargos, la investigación disciplinaria, y el proceso penal. Este círculo de corrupción y malas prácticas debería tener su capítulo final en la Fiscalía colombiana, si se demuestran los presuntos atribuibles a las conductas descritas.

Tres escenarios de solución

Uno; que las Comisiones Disciplinaria y Ética de la FCF actúen aplicando un modelo de autorregulación -Escenario poco probable, dado que la FCF no reconoce en la SIC un juez legítimo en el caso, y estas comisiones carecen de independencia-. Dos; que los patrocinadores de la Federación Colombiana de Futbol retiren sus patrocinios hasta que la situación se normalice. Y tres, que la FIFA intervenga como lo hizo en Argentina y Uruguay, ante conocidos hechos de corrupción en 2018 y 2016.


[1] Las prácticas anticompetitivas son prácticas realizadas por personas físicas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico.